22 ene. 2017

La soledad del falsificador de cheques

El sociólogo norteamericano Edwin H. Sutherland creó en diciembre de 1939, en la reunión anual de la American Economic Society, el concepto de delito de cuello blanco. Este nuevo concepto abrió un espacio inédito para la justicia y el derecho.
 Hasta entonces se pensaba que el mundo delincuente era un ámbito vinculado únicamente con las clases bajas, y con los bajos fondos, con psicópatas degenerados, delincuentes natos marcados por estigmas atávicos, o sujetos caracterizados por una personalidad delincuente. Sutherland rompió la impunidad de la que gozaban los delincuentes de las clases acaudaladas. La delincuencia de cuello blanco, dijo en Filadelfia en su tan sonada intervención, se da en cualquier ocupación y puede descubrirse fácilmente a lo largo de una conversación casual con el representante de una determinada profesión. Basta con preguntarle: ¿Qué prácticas deshonestas existen en su profesión? La delincuencia de cuello blanco en el mundo de los negocios se manifiesta sobre todo bajo la forma de manipulación de informes financieros de compañías, la falsa declaración de stocks de mercancías, los sobornos comerciales, la corrupción de funcionarios realizada directa o indirectamente para conseguir contratos y leyes favorables, la tergiversación de los anuncios y del arte de vender, los desfalcos y la malversación de fondos, los trucajes de pesos y medidas, la mala clasificación de las mercancías, los fraudes fiscales y la desviación de fondos realizada por funcionarios y consignatarios. Estos son lo que Al Capone llamaba “negocios legítimos”. Estos delitos y muchos otros se encuentran con frecuencia en el mundo de los negocios. Cuando un delincuente, o un presunto delincuente de cuello blanco es detenido y va a la cárcel, no solo entran en escena conocidos bufetes de abogados, jueces, periodistas, policías y funcionarios de prisiones, sino que también se produce a su alrededor una actividad febril, como la conmoción en un hormiguero. Parientes, amigos y conocidos, altos cargos, personas influyentes de toda suerte y condición, desenfundan sus móviles con la misma rapidez con la que los pistoleros desenfundaban sus revólveres en el salvaje oeste. Es entonces cuando a través de encuentros discretos se debaten los procedimientos a seguir, pues es preciso parar el golpe, dar ánimos a la víctima, invalidar las pruebas, conseguir la libertad bajo fianza, hacer frente al estigma de la cárcel, encontrar aliados, y, sobre todo, enredar la madeja procesal hasta conseguir la anulación de las pruebas o que los delitos prescriban. Los delincuentes de cuello blanco no tienen los brazos tatuados con sirenas soñadoras o con corazones atravesados por flechas, y en las cárceles mantienen un discreto aislamiento de los presos comunes, gozan de algunos privilegios penitenciarios, además de estar en permanente contacto con sus abogados, profesionales altamente especializados que trabajan intensamente a su servicio en sus lujosos bufetes. La cárcel es para ellos un medio hostil, y supone un golpe enorme, muy difícil de asimilar, pues están demasiado acostumbrados a pisar tan sólo alfombras de nudo hechas a mano por fuerza de trabajo de usar y tirar. Estaban en lo más alto, y ahora están formando parte del mundo que más odian: el mundo de la pobreza. No es extraño que a la hora de declarar pidan prestada una corbata a su abogado. ¡Todavía hay clases! Edwin Sutherland, en íntima relación con la elaboración del concepto de delito de cuello blanco, desarrolló una nueva teoría sociológica del delito denominada la teoría de la asociación diferencial. Sostiene que todos los delincuentes, incluidos los de cuello blanco, cometen sus fechorías con la ayuda de otros que cooperan en la realización de delitos porque las razones y las motivaciones para delinquir son más fuertes que las que les incitan a respetar las leyes. Delinquen porque participan en cooperación en un proceso de aprendizaje social, de tal modo que los delincuentes no están solos, cuentan con un importante capital social o relacional que les sirve de refuerzo y cobertura para cometer actos delictivos. La teoría de la asociación diferencial de Sutherland fue discutida por Edwin Lemert, otro importante sociólogo norteamericano dedicado a estudiar las conductas desviadas. Lemert , en un ya clásico artículo publicado en Social Problems, encontró un tipo de delincuente que, a diferencia de la mayoría de los delincuentes de cuello blanco, suele actuar solo: el falsificador de cheques. Desde hace unos años, desde el boom de la construcción, la vida política española se encuentra enfangada por la corrupción. Desde los pequeños ayuntamientos hasta las grandes maquinarias políticas, pasando por Cajas de Ahorros y Bancos de Inversión, a la sombra de la especulación inmobiliaria, se han promovido las recalificaciones, los contratos amañados, la financiación irregular de los Partidos Políticos, la ingeniería financiera, las comisiones irregulares, en suma, los delitos de los poderosos. Desde que el ex concejal del Partido Popular en Majadahonda José Luis Peñas realizó las escuchas, desde que el diario El País sacó a la luz la trama Gürtel, y desde que el 6 de febrero del 2009 el juez Baltasar Garzón comenzó a instruir la causa contra el empresario Francisco Correa, y otros imputados, entre ellos Luis Bárcenas, no han cesado de sucederse noticias sobre esta red de malhechores en la que se han dado cita para delinquir políticos y empresarios. Empresas como Special Events, que organizó todos los actos de Partido Popular en Galicia, Pasadena Viajes, que organizó viajes, entre otros, para el equipo electoral deJosé María Aznar, Easy Concept, empresa especializada en gestión del servicios públicos, a quien la Comunidad de Madrid adjudicó más de 70 contratos sin concurso, las empresas Good and Better y Orange Marquet, esta última especialmente activa en la Comunidad Valenciana en donde estalló el escándalo de los trajes del Muy Honorable Presidente de la Generalidad Valenciana, confirman la teoría de la asociación diferencial de Sutherland. En bodas de ensueño, yates de lujo, visitas del Papa, banquetes, y otros actos sociales, se dan cita empresarios ambiciosos y políticos corruptos, muchos de ellos aun en ejercicio. El jueves 27 de junio, a las 19:34 horas salía de la Audiencia Nacional en un furgón de la Guardia Civil hacia la cárcel de Soto del Real el ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas. Entraba en la misma cárcel en la que algunos días antes otro juez había ordenado detener a Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, que ya ha sido excarcelado. El recluso Bárcenas, que mantiene dos cuentas en Suiza por las que se calcula que han pasado cerca de 48 millones de euros, había llegado unas horas antes a la Audiencia, para declarar ante el juez Pablo Ruz, en un vehículo de alta gama con cristales opacos. Cuando entró en la Audiencia Nacional era un hombre libre, ahora es un preso sobre el que pesa la acusación de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho, falsedad en documento mercantil, y estafa procesal. Conviene no olvidar que Luis Bárcenas ha sido ex senador del Partido Popular elegido por Cantabria en las elecciones de 2004 y 2008 lo que hace doblemente graves sus presuntos delitos, pues cuando un representante de la soberanía popular viola las leyes, atenta de forma directa contra la democracia representativa, basada en la delegación de poder de los ciudadanos. Izquierda Unida, junto con la Asociación Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción y la Federación de los Verdes, ha presentado una querella contra los responsables de la tesorería del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y los ex ministros Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Federico Trillo por supuestas comisiones irregulares entre 2003 y 2008. Federico Trillo, que era ministro de defensa cuando se produjo el terrible accidente del Yak-42, fue reprobado por el Congreso de los Diputados, y por los familiares de los fallecidos en el accidente aéreo, tras el doloroso y reprobable proceso de identificación de los cadáveres. Pero, pese a que son muchos los que han pedido su retirada de la vida política, el presidente Mariano Rajoy, lejos de acceder a esa demanda legítima, ha decidido premiar a Trillo con el nombramiento de embajador de España en Londres. Bárcenas asegura ahora que los papeles publicados por el diario El País son auténticos, y que constituyen la contabilidad B, la contabilidad real, del dinero recaudado ilegalmente por el Partido Popular. Asegura también que se pagaron sobresueldos en dinero negro a altos dirigentes del Partido. Se calcula que entre 1990 y 2011 el Partido Popular pagó 22 millones de euros en sobresueldos a 40 dirigentes políticos, a su vez pagados con fondos públicos. Bárcenas declaró también que la defensa de los militares imputados en el Yak 42 se pagó con dinero negro, aunque ya han aparecido algunos desmentidos en la prensa. En sus papeles aparecen pagos a Federico Trillo por valor de 51.000 euros desde julio de 2003 a julio de 2006. La contabilidad paralela registra que Trillo recibió otros 77.413 euros entre agosto del 2000 y diciembre del 2001 por haber descendido de la Presidencia del Congreso a un cargo menos remunerado. La Asociación de Familias de las Víctimas del Yak-42 cuentan ahora con nuevas razones para la indignación, pero somos la mayoría de los españoles quienes deberíamos reclamar la retirada de la política de personajes cuya catadura moral los incapacita para el ejercicio de cualquier cargo público. En La genealogía de la moral Friedrich Nietzsche, el implacable fustigador de todas las neurosis religiosas, reenviaba a un texto de la Suma teológica de Tomás de Aquino en el que el teólogo dominico sostenía que en el cielo, los bienaventurados, para que su felicidad se acreciente de un modo exponencial, tendrán el privilegio de contemplar los atroces sufrimientos de los impíos, condenados a las penas del infierno. En un mundo civilizado el sufrimiento ajeno no debería ser una fuente de satisfacción para nadie, pero hay que felicitar a los medios de comunicación, a los jueces y en este caso a la Acción Popular representada por Adade, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, por llevar adelante la lucha contra un sistema extendido de delitos que minan la moral social, desprestigian a la clase política, e impiden el buen gobierno. Las declaraciones de Bárcenas ante el juez prueban que ha decidido desasirse de la madeja de encubridores y colaboradores que le dieron alas en el Partido Popular, su partido. Los portavoces del PP tratan de presentar ahora a su extesorero como si se tratara de un falsificador de cheques que actuaba en solitario, pero, gracias a la sociología criminal, sabemos que en realidad formaba parte de una asociación de delincuentes de cuello blanco. La corrupción se ha enquistado, con mayor o menor fortuna, en la mayor parte de los partidos políticos que tienen responsabilidades de gobierno. Urge por tanto sanear la vida política democrática, y para ello será preciso romper ese pacto mafioso, esa asociación diferencial para delinquir, que lleva estrangulando durante hace ya demasiado tiempo la vida política española. Texto: Fernando Álvarez-Uría.

20 ene. 2017

Hegemonía mediática


6 CUESTIONES

1. El sistema mediático contemporáneo demuestra capacidad de fijar sentidos e ideologías, seleccionando lo que debe ser visto, leído y oído por el conjunto del público. Por más que existan por parte de lectores, oyentes y tele espectadores expectativas y respuestas diferenciadas a los contenidos recibidos, son los grupos privados de comunicación que prescriben orientaciones, enfoques y énfasis en los informativos; cuáles son los actores sociales que merecen ser incluidos o marginalizados; cuáles las agendas y pautas que deben ser destacadas o ignoradas.

Los medios difunden juicios de valor y sentencias sobre hechos y acontecimientos, como si estuvieran autorizados a funcionar como una especie de tribunal, sin ninguna legitimidad para eso. Su intención, asumida pero no declarada, es diseminar contenidos, ideas y principios que ayuden a organizar y unificar la opinión pública en torno a determinadas visiones de mundo (casi siempre conservadoras y sintonizadas con el estatus quo)
Los medios eligen los actores sociales, articulistas, analistas, comentaristas y columnistas que deben ser prestigiados en sus vehículos y programaciones. En la mayor parte de los casos, como observa Pierre Bourdieu, estos portavoces nada no hacen más que reforzar el trabajo de los “think tanks” neoliberales en favor de la mercantilización general de la vida y la desregulación de las economías y los mercados. En efecto, los “intelectuales mediáticos” o “especialistas” dicen todo aquello que sirve a los intereses de clases e instituciones dominantes, combatiendo y descalificando ideas progresistas y alternativas transformadoras.

Los grupos mediáticos mantienen también acuerdos y relaciones de interdependencia con poderes económicos y políticos, en busca de presupuestos de publicidad, patrocinios, financiaciones, exenciones fiscales, participaciones accionarias, apoyos en campañas electorales, concesiones de canales de radiodifusión, etc. No son neutros y exentos, como quieren hacer creer; son parciales, toman partido, favorecen los intereses mercantiles, defienden posiciones políticas, combaten ideologicamente a los opositores.

2. Los medios se apropian de diferentes léxicos para intentar colocar dentro de sí todos ellos al servicio de sus objetivos particulares. Palabras que pertenecían tradicionalmente al léxico de la izquierda fueron resignificadas durante la hegemonía del neoliberalismo en las décadas de 1980, 1990 y parte de 2000. Cito, de inmediato, dos palabras: reforma e inclusión. De la noche a la mañana, pasaron a ser incorporadas a los discursos dominantes y mediáticos en sintonía con el ideario privatista. Se trata de indiscutible apropiación del repertorio progresista, que siempre asoció reformas al imaginario de la emancipación social. Las apropiaciones tienen el propósito de redefinir sentidos y significados, a partir de ópticas interpretativas propias.

3. Al celebrar los valores del mercado y del consumismo, el sistema mediático subordina la existencia al mantra de la rentabilidad. La glorificación del mercado consiste en presentarlo como el ámbito más adecuado para traducir anhelos, como si sólo él pudiera convertirse en instancia de organización societaria. Un discurso que no hace más que realzar y profundizar la visión, claramente autoritaria, de que el mercado es la única esfera capaz de regular, por sí misma, la vida contemporánea. Los proyectos mercadológicos y los énfasis editoriales pueden variar, menos en un punto: las corporaciones operan, consensualmente, para reproducir el orden del consumo y conservar hegemonías instituidas.

4. Los discursos mediáticos están comprometidos con el control selectivo de las informaciones, de la opinión y de los juicios de valor que circulan socialmente. Eso se manifiesta en las manipulaciones de los noticieros y la interdicción de los puntos de vista antagónicos, afectando la comprensión de las circunstancias en que ciertos hechos acontecen (generalmente los que son contrarios a la lógica económica o a las concepciones políticas dominantes).
Los medios masivos buscan reducir al mínimo el espacio de circulación de ideas contestatarias – por más que estas continúen manifestándose y resistiendo. La meta es neutralizar análisis críticos y expresiones de disenso. Un ejemplo de lo que acabo de decir son los enfoques tendenciosos sobre las reivindicaciones de movimientos sociales y comunitarios. Son frecuentemente subestimadas, cuando no ignoradas, en los principales periódicos y telediarios, bajo el argumento falaz de que son iniciativas “radicales”, “populistas”, etc. La vida de las comunidades subalternas y pobres está disminuida o ausente en los noticieros.

5. El sistema mediático rechaza cualquier modificación legal que ponga en riesgo su autonomía y sus ganancias. A cualquier movimiento para la regulación de la radiodifusión bajo concesión pública, reacciona con violentos editoriales y artículos que presentan los gobernantes que se solidarizan con la causa de la democratización de la comunicación como “dictadores” que quieren sufocar la “libertad de expresión”. Es una grosera mistificación. Lo que hay, en verdad, es el bloqueo del debate sobre la función y los límites de la actuación social de los medios. Las grandes empresas del sector no tienen ninguna autoridad moral y ética para hablar en “libertad de expresión”, pues niegan diariamente la diversidad informativa y cultural con el control selectivo de la información y la opinión. Se confunden intereses empresariales y políticos con lo que sería, supuestamente, la función de informar y entretener. Todo eso acentúa la ilegítima pretensión de los medios hegemónicos de definir reglas unilateralmente, inclusive las de naturaleza deontológica, para colocarse por encima de las instituciones y los poderes constituidos, ejerciendo no la libertad de expresión, sino la libertad de empresa.

6. Los conglomerados detienen la propiedad de la mayoría de los medios de difusión, la infraestructura tecnológica y las bases logísticas, lo que les confiere dominio de los procesos de producción material e inmaterial. La digitalización favoreció la multiplicación de bienes y servicios de infoentretenimiento; atrajo players internacionales para negocios en todos los continentes; intensificó transmisiones y flujos en tiempo real; y agravó la concentración en sectores complementarios (prensa, radio, televisión, internet, audiovisual, editorial, telecomunicaciones, publicidad, marketing, cine, juegos electrónicos, móviles, plataformas digitales, etc.).
Todo eso hace sobresalir nuevas formas de plusvalía en la economía digital: la tecnología que posibilita sinergias y convergencias; el reparto y la distribución de contenidos generados en las mismas matrices productivas y plataformas; la racionalidad de costes y la planificación de inversiones.
Se origina de ahí un sistema multimediático con flexibilidad operacional y productiva, que incluye amplia variedad de iniciativas y servicios digitales, flujos veloces, espacios de visibilidad, esquemas globales de distribución, campañas publicitarias mundializadas y técnicas sofisticadas de conocimiento de los mercados. La finalidad es garantizar el mayor dominio posible sobre las cadenas de fabricación, procesamiento, comercialización y distribución de los productos y servicios, incrementando la rentabilidad y los dividendos monopólicos. Texto: Denis de Moraes.

15 ene. 2017

Final del neoliberalismo progresista

La elección de Donald Trump es una más de una serie de insubordinaciones políticas espectaculares que, en conjunto, apuntan a un colapso de la hegemonía neoliberal. Entre esas insubordinaciones podemos mencionar, entre otras, el voto del Brexit en el Reino Unido, el rechazo de las reformas de Renzi en Italia, la campaña de Bernie Sanders para la nominación Demócrata en los EEUU y el apoyo creciente cosechado por el Frente Nacional en Francia. Aun cuando difieren en ideología y objetivos, esos motines electorales comparten un blanco común: rechazan la globalización gran-empresarial, el neoliberalismo y al establishment político que los ha promovido. En todos los casos, los votantes dicen “¡No!” a la letal combinación de austeridad, libre comercio, deuda predatoria y trabajo precario y mal pagado que resulta característica del actual capitalismo. Sus votos son una respuesta a la crisis estructural de esta forma de capitalismo, crisis que saltó por primera vez a la vista de todos con la casi fusión del orden financiero global en 2008.


Sin embargo, hasta hace poco, la repuesta más común a esta crisis era la protesta social: espectacular y vívida, desde luego, pero de carácter harto efímero. Los sistemas políticos, en cambio, parecían relativamente inmunes, todavía controlados por funcionarios de partido y élites del establishment, al menos en los estados capitalistas poderosos como los EEUU, el Reino Unido y Alemania. Pero ahora las ondas electorales de choque reverberan por todo el planeta, incluidas las ciudadelas de las finanzas globales. Quienes votaron por Trump, como quienes votaron por el Brexit o contra las reformas italianas, se han levantado contra sus amos políticos. Burlándose de las direcciones de los partido, han repudiado el sistema que ha erosionado sus condiciones de vida en los últimos treinta años. Los sorprendente no es que lo hayan hecho, sino que hayan tardado tanto. 


No obstante, la victoria de Trump no es solamente una revuelta contra las finanzas globales. Lo que sus votantes rechazaron no fue el neoliberalismo sin más, sino el neoliberalismo progresista. Esto puede sonar como un oxímoron, pero se trata de un alineamiento, aunque perverso, muy real: es la clave para entender los resultados electorales en los EEUU y acaso también para comprender la evolución de los acontecimientos en otras partes. En la forma que ha cobrado en los EEUU el neoliberalismo progresista es una alianza de las corrientes principales de los nuevos movimientos sociales (feminismo, antirracismo, multiculturalismo y derechos de los LGBTQ), por un lado, y, por el otro, sectores de negocios de gama alta “simbólica” y sectores de servicios (Wall Street, Silicon Valley y Hollywood). En esta alianza, las fuerzas progresistas se han unido efectivamente con las fuerzas del capitalismo cognitivo, especialmente la financiarización. Aunque maldita sea la gracia, lo cierto es que las primeras prestan su carisma a este último. Ideales como la diversidad y el “empoderamiento”, que, en principio podrían servir a diferentes propósitos, ahora dan lustre a políticas que han resultado devastadoras para la industria manufacturera y para las vidas de lo que otrora era la clase media.
El neoliberalismo progresista se desarrolló en los EEUU durante estas tres últimas décadas y fue ratificado por el triunfo electoral de Bill Clinton en 1992. Clinton fue el principal ingeniero y portaestandarte de los “Nuevos Demócratas”, el equivalente estadounidense del “Nuevo Laborismo” de Tony Blair. En vez de la coalición del New Deal entre obreros industriales sindicalizados, afroamericanos y clases medias urbanas, Clinton forjó una nueva alianza de empresarios, suburbanitas, nuevos movimientos sociales y juventud: todos proclamando orgullosos su bona fides moderna y progresista, amante de la diversidad, el multiculturalismo y los derechos de las mujeres. Aun cuando la administración Clinton hizo suyas esas ideas progresistas, cortejó a Wall Street. Pasando el mando de la economía a Goldman Sachs, desreguló el sistema bancario y negoció tratados de libre comercio que aceleraron la desindustrialización. Lo que se perdió por el camino fue el Cinturón del Óxido, otrora bastión de la democracia social del New Deal y ahora la región que ha entregado el Colegio Electoral a Donald Trump. Esa región, junto con nuevos centros industriales en el Sur, recibió un duro revés cuando la financiarización más desatada campó a sus anchas en el curso de las pasadas dos décadas. Continuadas por sus sucesores, incluido Barak Obama, las políticas de Clinton degradaron las condiciones de vida de todo el pueblo trabajador, pero especialmente de los empleados en la producción industrial. Para decirlo sumariamente: Clinton tiene una pesada responsabilidad en el debilitamiento de las uniones sindicales, en el declive de los salarios reales, en el aumento de la precariedad laboral y en el auge de las familias con dos ingresos que vino a substituir al difunto salario familiar.
Como sugiere esto último, al asalto a la seguridad social le dio lustre un barniz de carisma emancipatorio prestado por los nuevos movimientos sociales. Durante todos los años en los que los se abría un cráter tras otro en su industria manufacturera, el país estaba animado y entretenido por una faramalla de “diversidad”, “empoderamiento” y “no-discriminación”. Identificando “progreso” con meritocracia en vez de igualdad, con esos términos se equiparaba la “emancipación” con el ascenso de una pequeña élite de mujeres “talentosas”, minorías y gays en la jerarquía empresarial del quien-gana-se-queda-con-todo, en vez de con la abolición de esta última. Esa comprensión liberal-individualista del “progreso” vino gradualmente a reemplazar a la comprensión anticapitalista –más abarcadora, antijerárquica, igualitaria y sensible a la clase social— de la emancipación que había florecido en los años 60 y 70. Cuando la Nueva Izquierda menguó, su crítica estructural de la sociedad capitalista se marchitó, y el esquema mental liberal-individualista tradicional del país se reafirmó a sí mismo al tiempo que se contraían las aspiraciones de los “progresistas” y de los sedicentes izquierdistas. Pero lo que selló el acuerdo fue la coincidencia de esta evolución con el auge del neoliberalismo. Un partido inclinado a liberalizar la economía capitalista encontró su compañero perfecto en un feminismo empresarial centrado en la “voluntad de dirigir” del leaning in o en “romper el techo de cristal”. 
El resultado fue un “neoliberalismo progresista”, amalgama de truncados ideales de emancipación y formas letales de financiarización. Fue esa amalgama la que desecharon in toto los votantes de Trump. Prominentes entre los dejados atrás en este bravo mundo cosmopolita eran los obreros industriales, desde luego, pero también ejecutivos, pequeños empresarios y todos quienes dependían de la industria en el Cinturón Oxidado y en el Sur, así como las poblaciones rurales devastadas por el desempleo y la droga. Para esas poblaciones, al daño de la desindustrialización se añadió el insulto del moralismo progresista, que se acostumbró a considerarlos culturalmente atrasados. Rechazando la globalización, los votantes de Trump repudiaban también el liberalismo cosmopolita identificado con ella. Algunos –no, desde luego, todos, ni mucho menos— quedaron a un paso muy corto de culpar del empeoramiento de sus condiciones de vida a la corrección política, a las gentes de color, a los inmigrantes y los musulmanes. A sus ojos, las feministas y Wall Street eran aves de un mismo plumaje, perfectamente unidas en la persona de Hillary Clinton.
Lo que hizo posible esa combinación fue la ausencia de cualquier izquierda genuina. A pesar de arrebatos periódicos como Occupy Wall Street, que se rebeló efímero, no ha habido una presencia sostenida de la izquierda en los EEUU desde hace varias décadas. Ni se ha dado aquí una narrativa abarcadora de izquierda que pudiera vincular los legítimos agravios de los votantes de Trump con una crítica efectiva de la financiarización, por un lado, y con la visión antirracista, antisexista y antijerárquica de la emancipación, por el otro. Igualmente devastador resultó que se dejaran languidecer los potenciales vínculos entre el mundo del trabajo y los nuevos movimientos sociales. Divorciados el uno del otro, estos indispensables polos de cualquier izquierda viable se alejaron indefinidamente hasta llegar a parecer antitéticos.
Al menos hasta la notable campaña de Bernie Sanders en las primarias, que bregó por unirlos luego del relativo pinchazo de la consigna “Las Vidas Negras Cuentan”. Haciendo estallar el sentido común neoliberal reinante, la revuelta de Sanders fue, en el lado Demócrata, el paralelo de Trump. Así como Trump logró dar el vuelco al establishment Republicano, Sanders estuvo a un pelo de derrotar a la sucesora ungida por Obama, cuyos apparatchiks controlaban todos y cada uno de los resortes del poder en el Partido Demócrata. Entre ambos, Sanders y Trump, galvanizaron una enorme mayoría del voto norteamericano. Pero sólo el populismo reaccionario de Trump sobrevivió. Mientras que él consiguió deshacerse fácilmente de sus rivales Republicanos, incluidos los predilectos de los grandes donantes de campaña y de los jefes del Partido, la insurrección de Sanders  fue frenada eficazmente por un Partido Demócrata mucho menos democrático. En el momento de la elección general, la alternativa de izquierda ya había sido suprimida. La opción que quedaba era un tómalo o déjalo entre el populismo reaccionario y el neoliberalismo progresista: elijan el color que quieran, mientras sea negro. Cuando la sedicente izquierda cerró filas con Hillary, la suerte estaba echada.
Sin embargo, y de ahora en más, este es un dilema que la izquierda debería rechazar. En vez de aceptar los términos en que las clases políticas nos presentan el dilema que opone emancipación a protección social, lo que deberíamos hacer es trabajar para redefinir esos términos partiendo del vasto y creciente fondo de revulsión social contra el presente orden. En vez de ponernos del lado de la financiarización-cum-emancipación contra la protección social, lo que deberíamos hacer es construir una nueva alianza de emancipación y protección social contra la finaciarización. En ese proyecto, que construiría sobre terreno preparado por Sanders, emancipación no significa diversificar la jerarquía empresarial, sino abolirla. Y prosperidad no significa incrementar el valor de las acciones o el beneficios empresarial, sino la base de partida de una buena vida para todos. Esa combinación sigue siendo la única respuesta de principios y ganadora en la presente coyuntura.
En lo que a mí hace, no derramé ninguna lágrima por la derrota del neoliberalismo progresista. Es verdad: hay mucho que temer de una administración Trump racista, antiinmigrante y antiecológica. Pero no deberíamos lamentar ni la implosión de la hegemonía neoliberal ni la demolición del clintonismo y su tenaza de hierro sobre el Partido Demócrata. La victoria de Trump significa una derrota de la alianza entre emancipación y financiarización. Pero esta presidencia no ofrece solución ninguna a la presente crisis, no trae consigo la promesa de un nuevo régimen ni de una hegemonía segura. A lo que nos enfrentamos más bien es a un interregno, a una situación abierta e inestable en la que los corazones y las mentes están en juego. En esta situación, no sólo hay peligros, también oportunidades: la posibilidad de construir una nueva Nueva Izquierda.
Mucho dependerá en parte de que los progresistas que apoyaron la campaña de Hillary sean capaces de hacer un serio examen de conciencia. Necesitarán librarse del mito, confortable pero falso, de que perdieron contra una “panda deplorable” (racistas, misóginos, islamófobos y homófobos) auxiliados por Vladimir Putin y el FBI. Necesitarán reconocer su propia parte de culpa al sacrificar la protección social, el bienestar material y la dignidad de la clase obrera a una falsa interpretación de la emancipación entendida en términos de meritocracia, diversidad y empoderamiento. Necesitarán pensar a fondo en cómo podemos transformar la economía política del capitalismo financiarizado reviviendo el lema de campaña de Sanders –“socialismo democrático”— e imaginando qué podría ese lema significar en el siglo XXI. Necesitarán, sobre todo, llegar a la masa de votantes de Trump que no son racistas ni próximos a la ultraderecha, sino víctimas de un “sistema fraudulento” que pueden y deben ser reclutadas para el proyecto antineoliberal de una izquierda rejuvenecida.
Eso no quiere decir olvidarse de preocupaciones acuciantes sobre el racismo y el sexismo. Pero significa molestarse en mostrar de qué modo esas inveteradas opresiones históricas hallan nuevas expresiones y nuevos fundamentos en el capitalismo financiarizado de nuestros días. Rechazando la idea falsa, de suma cero, que dominó la campaña electoral, deberíamos vincular los daños sufridos por las mujeres y las gentes de color con los experimentados por los muchos que votaron a Trump. Por esa senda, una izquierda revitalizada podría sentar los fundamentos de una nueva y potente coalición comprometida a luchar por todos. Texto: Nancy  Fraser. Traducción: Mª. Julia Bertomeu

10 ene. 2017

Ideología del populismo

El significado del proceso de sustitución del poder establecido por el movimiento popular, para la teoría populista, está indefinido ideológicamente, así como el carácter de los dos principales tipos de agentes y si el cambio institucional va en un sentido emancipador e igualitario o en otro opresivo y desigual. La apelación al pueblo no es suficiente para explicar el sentido completo de un movimiento populista y tampoco es un rasgo específico de él. Nos encontramos que, históricamente, ha habido populismos de ‘izquierda’ y de ‘derecha’, incluso de izquierda radical y de extrema derecha o, también, nacionalistas y estatistas, autoritarios y emancipadores. Los movimientos populares considerados populistas tienen un rasgo común: una lógica política que consiste en la polarización de los dos bloques, poder y pueblo, la constitución de éste en sujeto global de cambio, con plena identificación con sus demandas populares, para la conquista de la hegemonía, cultural y política, frente a la oligarquía o poder establecido.

No obstante, esas dinámicas pueden tener suficientes diferencias sustantivas y ese rasgo común ser muy secundario para su identificación. Dicho de otro modo, el conflicto sociopolítico y la hegemonía de unos actores sociales y políticos no son mecanismos analíticos o normativos específicos de la teoría populista. Son compartidos por otras corrientes de pensamiento: desde el marxismo y el hegelianismo hasta el nacionalismo y el fascismo, pasando por la teoría política progresista y social-liberal. Si Maquiavelo, fundador de las ciencias políticas, ya aportaba elementos para la gestión política y la dominación por parte del Príncipe, luego clase dominante y Estado, el populismo pretende ser una doctrina al servicio del pueblo frente al poder instituido. Pero esa idea genérica también es compartida por otras corrientes doctrinales.
Sin embargo, esos mecanismos, en ausencia de la interpretación de la dinámica efectiva y la concreción explícita respecto de una función o un proyecto igualitario, emancipador y democrático, son compatibles con distintos tipos de movimientos sociales y procesos de protesta social. La apelación al pueblo la realizan todo tipo de élites y fracciones del poder para incrementar su legitimidad social o su representatividad parlamentaria. No obstante, no es un indicio suficiente para la evaluación de su sentido reaccionario o emancipador. Tampoco son completamente definitorios otros elementos como el liderazgo o el presidencialismo, utilizados por todo tipo de partidos políticos y grupos sociales, con un impacto mucho más pernicioso cuando se tiene más poder, así como el querer acceder al poder desde una posición subordinada.
Su valoración sustantiva depende de qué tipo de poder se pretende derribar y qué características tiene la fuerza emergente, más allá de poseer una base popular, que también la suelen tener grupos conservadores o reaccionarios, y homogeneizar algunas demandas sociales bloqueadas desde el poder establecido. Con solo esos elementos de identificación, de lógica política, se produce una dispersión del significado de cada movimiento populista real que habría que juzgar por esa orientación de fondo (el qué, por qué y para qué), que precisamente no entra en su definición de populismo (centrada en el cómo) y más allá de su pretensión de disputar el poder.
Sin ánimo de ser exhaustivos, Laclau considera populistas los siguientes movimientos populares: el populismo ruso del siglo XIX, basado en el campesinado frente al zarismo; el partido comunista italiano en la posguerra mundial, con Togliatti y su propuesta de llevar a cabo las ‘tareas nacionales de la clase obrera’ y constituir un ‘pueblo’; la Larga Marcha de Mao y el partido comunista chino, en los años treinta, con su ‘frente anti-japonés’, incluido la alianza con el Kuomintang; el peronismo de Argentina, desde la década de los cincuenta; el neofascismo xenófobo del Frente Nacional del francés Le Pen y distintos movimientos similares de extrema derecha aparecidos en Europa en los últimos años.
El concepto de ‘fronteras flotantes’ de este autor tiene sentido para explicar estos casos. Expresa que tanto el poder cuanto el pueblo se construyen políticamente en un contexto determinado y son autónomos de la configuración estricta del poder económico o la estructura social. Supone que incluso una fracción del poder financiero o institucional puede pasar a ser considerado parte del pueblo (o aliado), frente a otra fracción del poder todavía más regresivo. En esta situación no significa que no importe el carácter político-ideológico de una fuerza, sino que la línea de demarcación de amigo-enemigo se fija precisamente por ese significado político o geoestratégico, no por su estatus económico. A esa idea de variación de los límites de cada uno de los dos campos principales podríamos añadir la existencia de sectores ‘flotantes’ o intermedios, que van y vienen o no se definen completamente por ninguno de los dos bandos en conflicto abierto. Lógica populista e indefinición de su orientación política e ideológica. La teoría populista mantiene una ambigüedad ideológica o la indefinición doctrinal de su orientación política, lo que da lugar a que bajo esa palabra exista una dispersión de distintos movimientos populistas (o populares) en el eje principal del sentido autoritario-regresivo o emancipador-igualitario. Debido a ese cajón de sastre, con dinámicas sustantivas contrapuestas, desechamos cualquier identificación de un movimiento social democrático como el español con esa corriente de pensamiento o bajo su etiqueta, ya que no define lo sustancial del mismo y genera confusión. Su indefinición respecto a valores centrales de libertad, igualdad y democracia, la incapacita para la identificación con su discurso, cuya ambigüedad ideológica deja el campo libre para que su contenido identificador lo rellenen otros o con materiales reaccionarios.
Sinteticemos los elementos centrales de la teoría populista de la mano de Ernesto Laclau, que se autodefine como populista de izquierdas. El populismo como teoría es, sobre todo, una ‘lógica política’, una forma de construir lo político y acceder al poder. Tiene una base popular, sin especificar su composición interna y el condicionamiento de sus intereses materiales, que se enfrenta a un poder (oligárquico o minoritario), sin definir su carácter. No tiene una orientación ideológica determinada, de izquierdas o de derechas (o de centro).
Lo específico del populismo sería la existencia o la construcción de dos bloques diferenciados, uno el poder establecido, otro el sujeto político popular que se conforma con la unificación de las demandas sociales (insatisfechas por el bloqueo del poder). Se parte de las demandas sociales, inicialmente heterogéneas o ‘democráticas’, para construir las demandas ‘populares’, a través de un proceso ‘equivalencial’ de juntar lo común de aquellas e impulsarlas y superarlas en una dimensión global. Básicamente, el populismo son estos dos rasgos encadenados: constitución de dos bloques antagónicos, con claras fronteras (aunque ‘flotantes’) entre poder y pueblo, y construcción de un sujeto de cambio a través de la identificación y la hegemonía de las demandas populares, con el discurso, el liderazgo y la retórica correspondientes. 
No obstante, existe la evidencia histórica de diversas polarizaciones sociopolíticas en dos campos fundamentales contrapuestos, los dos con cierta base popular y con gestión del poder o vocación de ejercerlo. Por tanto, es importante precisar dos cuestiones: 1) los mayores vínculos de cada uno de ellos con los poderosos y fracciones de ellos o con las capas populares; 2) si sus proyectos y tendencias transformadoras van en un sentido progresista en lo socioeconómico y democratizador en lo político o lo contrario, de mayor subordinación popular y autoritarismo del poder. Con esa formulación de pueblo frente a poder, no se terminan de definir los objetivos, los valores y los proyectos de sociedad y sistemas políticos y económicos. El elemento clave para esa teoría es partir de las demandas de abajo, del pueblo, pero no se nos dice cómo se han conformado, a qué intereses y prioridades obedecen y qué función tienen en relación con el avance hacia esos objetivos globales, de menor desigualdad y mayor libertad de los grupos subalternos y dominados.
El paso de necesidades e intereses de las clases trabajadoras (incluyendo precariado y desempleados) y clases medias (estancadas o descendentes) a reivindicaciones inmediatas requiere unas mediaciones y una articulación, que solo aparecen en el paso siguiente: de las exigencias básicas y democráticas a su transformación en demandas populares, con una dimensión global y una identidad popular antagónica con el poder o la casta. Esa identidad de antagonismo se asemeja a la conciencia de clase del marxismo que permitía la formación de un conjunto social (clase obrera o trabajadora) diferenciado y opuesto a la clase dominante (burguesía u oligarquía).
Esta teoría populista define un mecanismo o un procedimiento: antagonismo de dos sujetos, el poder popular emergente frente al poder existente. Y luego señala las pautas para la constitución del sujeto (pueblo) para acceder y construir un nuevo poder a través de la hegemonía.
Laclau no es determinista como las versiones ortodoxas o rígidas del marxismo. Para él lo principal es la existencia dentro de la población de esas demandas iniciales insatisfechas, como una cosa dada. Pero las demandas populares aunque son de la gente corriente, es decir, obedecen a intereses de las capas subalternas, dependen menos de las condiciones materiales del pueblo. En su conformación tiene un papel mucho más fundamental el activismo constructivista o la articulación de una élite que ofrece un discurso y una retórica, por una parte, con suficiente ambigüedad –significante vacío- para englobar el máximo de descontento y exigencias populares y, por otra parte, que facilite la construcción de la identificación del pueblo frente al poder oligárquico. Así, el dar nombre a las realidades sería fundamental para conseguir hegemonía.
La cuestión es que esa ‘nominación’ tiene que tener un nexo con la realidad social y la experiencia vivida por la mayoría de la población. Es decir, debe representar o expresar un significado relacionado con la mejora de su situación de desventaja o subordinación o, lo que es lo mismo, debe señalar un camino hacia mayor emancipación e igualdad.
En resumen, el discurso sobre unos mecanismos políticos (polarización, hegemonía, demandas populares), para evitar ambigüedades que permitan orientaciones, prácticas o significados distintos y contradictorios, debe ir acompañado con ideas críticas, asumidas masivamente, que definan un proyecto transformador democrático, igualitario y solidario. Queda abierta, por tanto, la necesidad de un esfuerzo específico en el campo cultural e ideológico para avanzar en una teoría social crítica y emancipadora y el correspondiente desarrollo programático, en conexión con la experiencia sociopolítica popular, que sirvan para un cambio social y político de progreso. Texto: A. A. Morón. Ver: NEOLIBERALISMO Y DESIGUALDAD